Creación del Registro Provincial de Información de Personas Menores Extraviadas

PROYECTO DE RESOLUCION

FUNDAMENTO

El 11 de junio de 2003, se sancionó la Ley Nº 25.746, la que creó el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual funciona en la órbita del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, reglamentado por Decreto del PEN 1005/03, en el marco de lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño, artículos 7, 8 y 35.

El Registro Nacional es el mejor medio para lograr un conocimiento cabal de la realidad de los niños extraviados, sustraídos o abandonados, permitiendo contar con una base de datos nacional que centralice, organice y concilie la información que, fragmentada y parcializada, poseen los juzgados, los organismos asistenciales de minoridad, las fuerzas de seguridad y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

Las cifras oficiales indican que Santa Fe registra 1.095 niños extraviados. Y Córdoba, sólo 36. Ni la interpretación más automática haría pensar que la razón de semejante diferencia es que la situación en nuestra “provincia gemela” es de extrema gravedad mientras que la en Córdoba no es para preocuparse. La explicación pasa por otro lado.

Para que funcione el Registro, las fuerzas de seguridad y los ámbitos judiciales deben, por ley, dar inmediata comunicación al Registro cuando se extravía una persona menor de edad.

La Provincia de Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires crearon sus propios registros locales. Éstos centralizan la información en cada distritos y luego la mandan a la base de datos nacional. La RNIPME recibió en 2007 3.195 casos y de ellos, los tres distritos nombrados concentran el 85,81 por ciento de todos los chicos anotados en todo el país. Córdoba, sólo el 1,13 por ciento.

La conclusión del RNIPME es la obvia: “Esta diferencia tan abultada se debe a que Santa Fe cuenta con un registro de niños extraviados a nivel provincial y envía periódica y regularmente las denuncias que reciben”.

Es decir, en Córdoba las denuncias sobre los niños extraviados están registradas en la Policía y en los tribunales, pero no está centralizada la información, al menos en el organismo nacional pertinente.

Por tal motivo es necesario que el Poder Legislativo arbitre las medidas necesarias para la creación del Registro Provincial de Información de Personas Menores Extraviadas.

Por las razones expuestas se solicita al cuerpo la aprobación del dispositivo de Resolución que se acompaña, al momento de su tratamiento en la sesión plenaria en los términos que allí se establecen, a saber:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO,

RESUELVE:


Artículo 1°: RECOMENDAR a la Legislatura de la Provincial de Córdoba que arbitre las medidas necesarias para la Creación del Registro Provincial de Información de Personas Menores Extraviadas, de acuerdo a los dispuesto por la convención de los Derechos del Niño en sus Artículos 7,8 y 35 y Ley Nacional Nº 25746, Decreto Reglamentario 1005/03.

Artículo 2°: REMITIR copia de la presente Resolución a la Legislatura de la Provincia de Córdoba y a los Legisladores del Departamento Río Cuarto.

Artículo 3°: De forma.-

LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS TENDRAN UN DIA PARA DEFENDER SUS DERECHOS

DIARIO PUNTAL - 28/08/2008
“Vi­vi­mos en una épo­ca don­de se dan mu­chas co­sas por he­chas y es más sim­ple lu­char por los de­re­chos”, di­ce Gra­cie­la Sa­ra­cho, ges­to­ra de un pro­yec­to que hoy apro­ba­rá el Con­ce­jo y bus­ca el res­pe­to por los de­re­chos de los jó­ve­nes. La or­de­nan­za que pro­pu­so la con­ce­ja­la del blo­que Río Cuar­to pa­ra To­dos, plan­tea la dis­po­si­ción del 16 de sep­tiem­bre co­mo el “Día del Es­tu­dian­te Se­cun­da­rio”.
La fe­cha se dis­pu­so co­mo ho­me­na­je pa­ra los es­tu­dian­tes que fue­ron se­cues­tra­dos y tor­tu­ra­dos aquél día en 1976, lue­go de lu­char por un bo­le­to es­tu­dian­til pa­ra los co­lec­ti­vos. “No que­re­mos que el he­cho se re­cuer­de co­mo una sim­ple anéc­do­ta, es un for­ma de man­te­ner vi­va la lu­cha de los jó­ve­nes por sus de­re­chos”, se­ña­la Sa­ra­cho que tra­ba­jó la ini­cia­ti­va jun­to al Área de De­re­chos Hu­ma­nos de la Mu­ni­ci­pa­li­dad.
“Que­re­mos que los jó­ve­nes ten­gan te­mas pa­ra pen­sar y pro­fun­di­zar. Los chi­cos de to­das las épo­cas dis­cu­ten y re­fle­xio­nan pe­ro no tie­nen un es­pa­cio pa­ra ha­cer­lo”, con­ti­núa la con­ce­ja­la.
En el mar­co de es­te pro­yec­to, que ya fue apro­ba­do de ma­ne­ra uná­ni­me por la co­mi­sión de Go­bier­no, hoy se rea­li­za­rá una reu­nión en la Sa­la de Si­tua­ción de la mu­ni­ci­pa­li­dad, en­tre miem­bros del Área de De­re­chos Hu­ma­nos y re­pre­sen­tan­tes de los cen­tros de es­tu­dian­tes de la ciu­dad. “La idea lle­va­rá a for­ta­le­cer las ac­cio­nes de los cen­tros y a dis­cu­tir la cues­tión de que si el otro pien­sa di­fe­ren­te no es un ene­mi­go”, di­ce Wal­ter To­rres miem­bro de es­ta área que de­pen­de de la se­cre­ta­ría de De­sa­rro­llo Hu­ma­no.
La pro­pues­ta es que de es­tas reu­nio­nes naz­can nue­vas ideas pa­ra la par­ti­ci­pa­ción, su­ma­das a las cam­pa­ñas que se pue­den ha­cer des­de el Mu­ni­ci­pio. To­rres in­di­ca que “hay que tra­ba­jar en con­jun­to con los jó­ve­nes pa­ra que de­ci­dan qué ha­cer, pa­ra la ciu­dad y ca­da una de sus ins­ti­tu­cio­nes, pa­ra que sean par­tí­ci­pes de la de­mo­cra­cia”.
Coin­ci­dien­do con To­rres, Sa­ra­cho se­ña­la que el pro­yec­to “acep­ta­rá las di­fe­ren­cias, en un mo­men­to con vio­len­cia e in­com­pren­sión del otro, y a la vez el lu­gar pa­ra una crí­ti­ca res­pon­sa­ble”. La con­ce­ja­la in­di­ca que es ne­ce­sa­rio en­se­ñar a los jó­ve­nes có­mo se cons­tru­ye una na­ción. Por es­te mo­ti­vo se re­cuer­da a los es­tu­dian­tes de La Pla­ta de 1976, a los que de­fi­nen co­mo “chi­cos de jus­ti­cia so­cial y so­li­da­ri­dad, chi­cos con con­vic­cio­nes”. Di­ce Sa­ra­cho: “Hay que de­fen­der la de­mo­cra­cia y a es­tos jó­ve­nes eso les cos­tó la vi­da”. Des­de es­te sep­tiem­bre los es­tu­dian­tes ten­drán dos días pa­ra sí mis­mos, el 21 pa­ra los fes­te­jos y el 16 pa­ra la re­fle­xión y el de­ba­te.

PROYECTO DE ORDENANZA DIA DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE SECUNDARIO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO

PROYECTO DE ORDENANZA

FUNDAMENTO

El 16 de septiembre de 1976, grupos paramilitares bajo el mando de Ramón Camps, emprendieron por la ciudad de La Plata un macabro raid que arrancó de sus hogares a los adolescentes Claudia Falcone, Horacio Ungaro, Daniel Rasero, Francisco López Muntaner, Víctor Triviño, Claudio De Acha, María Ciocchini y Pablo Díaz. Sólo el último de los mencionados recuperó la libertad. Los otros continúan desaparecidos. Ninguno de ellos tenía más de 17 años. El hecho pasó a ser recordado como la noche de los lápices.

Los pueblos deben tener memoria de sus hechos, de sus héroes, de sus militantes y de los procesos que vivieron. Si estos quedaran en el olvido, seguramente un pedazo de nuestra historia estaría silenciado; y entonces un pedazo de nosotros no estaría.
Los jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados y desaparecidos eran chicos como los que hoy concurren a nuestras escuelas y que en pocos días celebrarán, con la alborada de la primavera, el esplendor de los años más audaces y fundamentales de la vida de todo ser humano.

Eran jóvenes con espíritu militante, como miles de jóvenes de esa época y los mataron simplemente porque representaban la posibilidad de un modelo de organización distinto en nuestro país. Los desaparecidos, los desterrados y los acallados de nuestra Argentina de esa época eran quienes se oponían a un modelo que sólo se podía imponer por el terror, fue un plan sistemático, político, cultural, económico y social contra quienes querían oponerse a que nuestro país fuese entregado y se impusiera la mayor de las desigualdades sociales.

Porque el olvido es el triunfo de la injusticia, este día (16 de septiembre) debe servir para reflexionar sobre nuestro futuro y nuestro destino; porque el recuerdo y la memoria no sirven en sí mismos, sino para reafirmar que aquellos estudiantes y sus compañeros sostenían los valores de solidaridad, de amor al prójimo, de justicia social, de cultura para todos.
Es necesario lograr una juventud que recupere los proyectos y sueños, capaz de defender la democracia, la convivencia, la lucha de ideas y el protagonismo para reconstruir el país en todas sus dimensiones.

Recordar a estos chicos y militantes estudiantiles, es recordar aquella juventud maravillosa desprendida, a unas juventud comprometida con el dolor de sus hermanos, de sus vecinos.
La memoria es la mejor garantía para evitar que hechos como los ocurridos el 16 de septiembre de 1976 vuelvan a repetirse,
Por las razones expuestas se solicita al cuerpo la aprobación del dispositivo de Ordenanza que se acompaña, al momento de su tratamiento en la sesión plenaria en los términos que allí se establecen, a saber

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO,

SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:



ARTICULO 1º.- Declarar el día 16 de septiembre, como el DIA DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE SECUNDARIO, en conmemoración a “La Noche de los lápices”,

ARTICULO 2º.- Encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal la incorporación de la fecha a que se refiere el artículo 1°, en el calendario de actividades, planes, programas y campaña públicas.

ARTICULO 3º.- Encomendar a la Division Derechos Humanos dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, una semana antes de la conmemoración, organizar una jornada de reflexión y conmemoración alrededor de estos trágicos hechos ocurridos, dicha jornada podrá ser instrumentada a través de: concursos literarios, de plástica, monografías, graffitis, murales, proyección de películas, discusión alrededor de los derechos humanos y sociales; convocando a los estudiantes Secundarios y a los Establecimiento Educativos de nivel Medio.

ARTICULO 4°.- Se sugiere como ejes de la reflexión y discusión los siguientes temas:
- Derechos del Estudiante Secundario.
- Los jóvenes como protagonistas de la vida democrática.
- Derechos Humanos en la Constitución Nacional.
- El respeto mutuo; la valoración de la opinión ajena y de la crítica como pilares de un futuro de paz compartido.
- Todo otro tema que haga a los derechos humanos y a la convivencia democrática.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

DRA. GRACIELA CAPPELLARI DE SARACHO
CONCEJAL BLOQUE RIO CUARTO PARA TODOS

Crecen los casos de discriminación pero denunciarlos es una odisea

PUNTAL - 19/08/08
Desde hace meses la Defensoría del Pueblo dejó de receptar los planteos dirigidos al INADI y todo se centraliza ahora en Córdoba. Buscan opciones alternativas para facilitar las presentaciones

Los rio­cuar­ten­ses que ma­ni­fies­tan ha­ber si­do víc­ti­mas de dis­cri­mi­na­ción ya no tie­nen un lu­gar en la ciu­dad don­de pre­sen­tar sus de­nun­cias. Se­gún la eva­lua­ción de con­ce­ja­les y fun­cio­na­rios mu­ni­ci­pa­les, au­men­ta­ron los ca­sos por se­gre­ga­ción, fun­da­men­tal­men­te en los que los jó­ve­nes son afec­ta­dos, pe­ro avan­zar en la acu­sa­ción im­pli­ca un trá­mi­te com­ple­jo y cos­to­so.
En ma­yo del 2001 se fir­mó el con­ve­nio en­tre la De­fen­so­ría del Pue­blo y el Ins­ti­tu­to Na­cio­nal con­tra la Dis­cri­mi­na­ción (INA­DI) por el que se per­mi­tía re­cep­tar en Río Cuar­to los plan­teos de víc­ti­mas de dis­cri­mi­na­ción. El acuer­do era por 3 años, con po­si­bi­li­dad de ser ex­ten­di­do.
En ese mo­men­to el vi­ce­pre­si­den­te del INA­DI era el doc­tor Es­te­ban Lla­mo­sas, pa­dre del ac­tual om­buds­man, Juan Ma­nuel Lla­mo­sas.
La úni­ca pró­rro­ga se pro­du­jo en el 2005, aun­que el año pa­sa­do el or­ga­nis­mo na­cio­nal de­ci­dió ha­bi­li­tar una úni­ca se­de en Cór­do­ba pa­ra re­ci­bir to­das las pre­sen­ta­cio­nes de la pro­vin­cia y de­jó sin efec­to el com­pro­mi­so.
La doc­to­ra Gra­cie­la Sa­ra­cho, con­ce­jal del blo­que Río Cuar­to pa­ra To­dos, des­ta­có que “de es­ta for­ma, quie­nes re­si­den en el sur pro­vin­cial, más allá de su si­tua­ción eco­nó­mi­ca, de­ben via­jar a Cór­do­ba o ape­lar a una ges­tión im­per­so­nal me­dian­te lla­ma­das te­le­fó­ni­cas o co­rreos elec­tró­ni­cos”.
La edil im­pul­só en la úl­ti­ma se­sión del Con­ce­jo De­li­be­ran­te un pro­yec­to que fue apro­ba­do por una­ni­mi­dad y por el cual se so­li­ci­ta al ac­tual di­rec­to­rio del INA­DI que re­plan­tee su de­ci­sión de cor­tar el vín­cu­lo con la De­fen­so­ría lo­cal.
“Mien­tras du­ró el acuer­do la ins­ti­tu­ción en Río Cuar­to fue un efi­cien­te me­ca­nis­mo pa­ra que los afec­ta­dos pu­die­ran te­ner fa­ci­li­ta­das las ac­cio­nes. In­clu­so, des­de la re­gión hu­bo nu­me­ro­sas de­nun­cias que tu­vie­ron un rá­pi­do trá­mi­te. No hu­bo una so­la ma­ni­fes­ta­ción en con­tra del tra­ba­jo rea­li­za­do por la De­fen­so­ría”, pre­ci­só.
Sa­ra­cho eva­luó que “aho­ra, no hay un lu­gar don­de ha­cer las de­nun­cias y es­to de­be cam­biar”.
“La ma­yo­ría de quie­nes su­fren la dis­cri­mi­na­ción son jó­ve­nes y ado­les­cen­tes cuan­do van a lo­ca­les noc­tur­nos, per­so­nas obe­sas y dis­ca­pa­ci­ta­dos. Pa­ra ellos se ne­ce­si­ta un tra­to di­rec­to e in­me­dia­to, con al­guien que pue­da dar res­pues­tas so­bre lo que de­ben ha­cer”, in­di­có.
Las al­ter­na­ti­vas pa­ra los dam­ni­fi­ca­dos es ju­di­cia­li­zar los re­cla­mos, una op­ción que pue­de de­ri­var en me­ses y has­ta años de li­ti­gio, o ape­lar a una ins­tan­cia de me­dia­ción si la otra par­te bus­ca re­ver­tir su con­duc­ta.
En el par­la­men­to lo­cal con­si­de­ra­ron que el ac­tual sis­te­ma de­sa­lien­ta la de­nun­cia “en una pro­ble­má­ti­ca que vul­ne­ra los de­re­chos esen­cia­les de las per­so­nas”.
Con la re­pre­sen­ta­ción de los 4 blo­ques po­lí­ti­cos y de la Mu­ni­ci­pa­li­dad so­li­ci­ta­rán una reu­nión con la cú­pu­la del INA­DI a la que le pre­sen­ta­rán las ven­ta­jas de con­tar de re­pre­sen­ta­ción en la se­gun­da ciu­dad de Cór­do­ba en nú­me­ro de ha­bi­tan­tes y ne­xo fun­da­men­tal pa­ra los ve­ci­nos del cen­tro del país.
Des­de la ti­tu­la­ri­dad de la en­ti­dad en la ca­pi­tal pro­vin­cial res­pon­die­ron me­dian­te un co­mu­ni­ca­do a las con­sul­tas rea­li­za­das por los con­ce­ja­les y la no­ti­fi­ca­ción es­tu­vo le­jos de con­for­mar­los. Los res­pon­sa­bles de la se­de ra­ti­fi­ca­ron que el ob­je­ti­vo del INA­DI es cen­tra­li­zar sus ofi­ci­nas en Cór­do­ba.
Sin em­bar­go, Sa­ra­cho des­ta­có que “ha­bi­li­tar nue­va­men­te la op­ción de Río Cuar­to no im­pli­ca­ría una in­ver­sión ni ma­yo­res cos­tos por­que el es­pa­cio fí­si­co ya es­tá dis­po­ni­ble y tam­bién la De­fen­so­ría cuen­ta con los re­cur­sos hu­ma­nos ca­pa­ci­ta­dos”.
“Hay un con­ven­ci­mien­to de que apun­tar a de­sa­rro­llar po­lí­ti­cas so­cia­les es cla­ve y la par­ti­ci­pa­ción de la ciu­da­da­nía de­be ser fa­vo­re­ci­da. La se­de en Cór­do­ba es to­tal­men­te in­su­fi­cien­te y cons­ti­tu­ye una tra­ba por los cos­tos que im­pli­can los via­jes”, se­ña­ló.


“Plan B”


Des­de el Con­ce­jo De­li­be­ran­te bus­can im­pul­sar una nor­ma­ti­va que ac­túe co­mo al­ter­na­ti­va en el ca­so de que el INA­DI nie­gue la rea­per­tu­ra de la se­de en Río Cuar­to.
La op­ción es crear me­sas de re­cep­ción en la De­fen­so­ría del Pue­blo, el área de De­re­chos Hu­ma­nos, la Me­sa de En­tra­da del mu­ni­ci­pio y el En­te de Con­trol Mu­ni­ci­pal. En el ca­so del Ede­com, las pre­sen­ta­cio­nes po­drían rea­li­zar­se las 24 ho­ras.
“Una vez for­ma­li­za­da la de­nun­cia, per­so­nal del es­ta­do lo­cal via­ja­ría a Cór­do­ba pa­ra acom­pa­ñar a los de­nun­cian­tes evi­tar los cos­tos pa­ra el de­nun­cian­te y evi­tar un in­cre­men­to de los cos­tos en los pro­ce­di­mien­tos. Ob­via­men­te no es una so­lu­ción in­te­gral al pro­ble­ma, pe­ro al me­nos ac­tua­rá co­mo pa­lia­ti­vo”, ma­ni­fes­tó Sa­ra­cho.