PUNTAL - 19/08/08
Desde hace meses la Defensoría del Pueblo dejó de receptar los planteos dirigidos al INADI y todo se centraliza ahora en Córdoba. Buscan opciones alternativas para facilitar las presentaciones
Los riocuartenses que manifiestan haber sido víctimas de discriminación ya no tienen un lugar en la ciudad donde presentar sus denuncias. Según la evaluación de concejales y funcionarios municipales, aumentaron los casos por segregación, fundamentalmente en los que los jóvenes son afectados, pero avanzar en la acusación implica un trámite complejo y costoso.
En mayo del 2001 se firmó el convenio entre la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) por el que se permitía receptar en Río Cuarto los planteos de víctimas de discriminación. El acuerdo era por 3 años, con posibilidad de ser extendido.
En ese momento el vicepresidente del INADI era el doctor Esteban Llamosas, padre del actual ombudsman, Juan Manuel Llamosas.
La única prórroga se produjo en el 2005, aunque el año pasado el organismo nacional decidió habilitar una única sede en Córdoba para recibir todas las presentaciones de la provincia y dejó sin efecto el compromiso.
La doctora Graciela Saracho, concejal del bloque Río Cuarto para Todos, destacó que “de esta forma, quienes residen en el sur provincial, más allá de su situación económica, deben viajar a Córdoba o apelar a una gestión impersonal mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos”.
La edil impulsó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto que fue aprobado por unanimidad y por el cual se solicita al actual directorio del INADI que replantee su decisión de cortar el vínculo con la Defensoría local.
“Mientras duró el acuerdo la institución en Río Cuarto fue un eficiente mecanismo para que los afectados pudieran tener facilitadas las acciones. Incluso, desde la región hubo numerosas denuncias que tuvieron un rápido trámite. No hubo una sola manifestación en contra del trabajo realizado por la Defensoría”, precisó.
Saracho evaluó que “ahora, no hay un lugar donde hacer las denuncias y esto debe cambiar”.
“La mayoría de quienes sufren la discriminación son jóvenes y adolescentes cuando van a locales nocturnos, personas obesas y discapacitados. Para ellos se necesita un trato directo e inmediato, con alguien que pueda dar respuestas sobre lo que deben hacer”, indicó.
Las alternativas para los damnificados es judicializar los reclamos, una opción que puede derivar en meses y hasta años de litigio, o apelar a una instancia de mediación si la otra parte busca revertir su conducta.
En el parlamento local consideraron que el actual sistema desalienta la denuncia “en una problemática que vulnera los derechos esenciales de las personas”.
Con la representación de los 4 bloques políticos y de la Municipalidad solicitarán una reunión con la cúpula del INADI a la que le presentarán las ventajas de contar de representación en la segunda ciudad de Córdoba en número de habitantes y nexo fundamental para los vecinos del centro del país.
Desde la titularidad de la entidad en la capital provincial respondieron mediante un comunicado a las consultas realizadas por los concejales y la notificación estuvo lejos de conformarlos. Los responsables de la sede ratificaron que el objetivo del INADI es centralizar sus oficinas en Córdoba.
Sin embargo, Saracho destacó que “habilitar nuevamente la opción de Río Cuarto no implicaría una inversión ni mayores costos porque el espacio físico ya está disponible y también la Defensoría cuenta con los recursos humanos capacitados”.
“Hay un convencimiento de que apuntar a desarrollar políticas sociales es clave y la participación de la ciudadanía debe ser favorecida. La sede en Córdoba es totalmente insuficiente y constituye una traba por los costos que implican los viajes”, señaló.
“Plan B”
Desde el Concejo Deliberante buscan impulsar una normativa que actúe como alternativa en el caso de que el INADI niegue la reapertura de la sede en Río Cuarto.
La opción es crear mesas de recepción en la Defensoría del Pueblo, el área de Derechos Humanos, la Mesa de Entrada del municipio y el Ente de Control Municipal. En el caso del Edecom, las presentaciones podrían realizarse las 24 horas.
“Una vez formalizada la denuncia, personal del estado local viajaría a Córdoba para acompañar a los denunciantes evitar los costos para el denunciante y evitar un incremento de los costos en los procedimientos. Obviamente no es una solución integral al problema, pero al menos actuará como paliativo”, manifestó Saracho.













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